Quintana Roo instalará Comisión de búsqueda de Personas Desaparecidas

En próximas semanas el gobierno de Quintana Roo instalará la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de que el Congreso local aprobó la creación de una Fiscalía Especializada para hacer frente al nuevo contexto que vive el estado en esa materia.

El encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno, Arturo Contreras Castillo, informó que si bien la entidad no enfrenta una “crisis” numérica por las desapariciones y desapariciones forzadas, el aparato institucional se prepara para hacer frente al problema a través de diferentes vías, una de ellas, la instalación de la Comisión Estatal de Búsqueda.

La conformación de dicho grupo, encabezado por un representante de organizaciones civiles e integrada por autoridades, academia y la Comisión de los Derechos Humanos, está prevista en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y por el Sistema Nacional de Búsqueda que entró en vigor el 16 de enero de 2018.

Si bien la cifra de personas desaparecidas en la entidad es distante a la de otros estados como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz o Guerrero, el reporte de al menos 12 desaparecidos en Cancún, en agosto, y un par de personas más en julio, consternó a la sociedad y encendió un foco rojo en las autoridades.

“Lo vemos con mucha preocupación, entendemos la dimensión, no tiene que ser un número grande de personas, con uno que esté desaparecido basta para preocuparnos y alarmarnos; se está atendiendo”, indicó el funcionario, quien comentó que el objetivo de la Comisión de Búsqueda es vigilar que el gobierno cumpla con sus funciones, para ubicar, identificar y rescatar a personas desaparecidas y que los casos “no se queden en el archivo, ni en el olvido.

Una Fiscalía Especializada y un Protocolo de Búsqueda Urgente

Entrevistado por separado, el titular de la Fiscalía General del estado, Óscar Montes de Oca, indicó que con la aprobación de las modificaciones a la Ley Orgánica de la institución, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas -que operaba con un agente del Ministerio Público y cuatro elementos de la Policía Ministerial- se elevará a rango de Fiscalía Especializada en esa materia.

“Vamos a fortalecer las áreas de búsqueda, las áreas de localización; estamos atendiendo la Alerta Amber y la Alerta ALBA. Y estamos elaborando un Protocolo de Actuación de Búsqueda Urgente, obligatorio, para todo el personal de la Fiscalía”, dijo.

El fiscal reiteró que en la entidad se registra la desaparición forzada por parte de particulares.

“Existe evidencia donde particulares interceptan y privan de la libertad a otros particulares, que después se desconoce cuál sea su ubicación”, respondió al señalar que de los 12 casos reportados como desapariciones, siete no han sido resueltos, además de otras denuncias que principalmente son voluntarias no han sido consideradas como desaparición.

Para efectos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, una persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

En ese campo, hay desapariciones forzadas y desapariciones por particulares. En su artículo 27, la citada Ley indica que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

El artículo 34 establece que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

La persona no localizada es aquella cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.