El Gobierno se disculpa con una exguerrillera

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció, en nombre del Estado mexicano, una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, sobreviviente de la llamada “Guerra sucia” de las décadas de 1960 y 1970.

La disculpa es una práctia que la administración federal actual ha replicado en varias ocasiones por el actuar de funcionarios.

Camacho Loaiza, exmilitante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue secuestrada y torturada por militares junto con su esposo en 1977, en Sinaloa.

Según las investigaciones, los responsables fueron soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Con este acto, llevado a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el actual Gobierno federal reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones graves a los derechos humanos durante dicha etapa.
En la disculpa pública, que también fue extensiva para el esposo de Camacho Loaiza, José Manuel Alapizco Lizárraga y su hijo, Miguel Alfonso Millán Camacho, Sánchez Cordero dijo que en el proceso de estos hechos ocurridos hace 42 años se observaron omisiones.

Además, hubo falta de diligencia por parte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dado que se notificó el no ejercicio de la acción penal, al informar de la prescripción de los delitos de allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad.

Camacho Loaiza y su esposo José Manuel, militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Martha fue torturada durante 49 días en dicha zona militar, obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo —cuyo cuerpo fue desaparecido— y a dar a luz en condiciones infrahumanas. Recuperó su libertad tras pagar un rescate y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.

Periodista y víctimas de funcionarios

  • En enero, la titular de la Segob, Olga Sánchez, ofreció una disculpa a la periodista y activista de derechos humanos, Lydia Cacho, criminalizada por ejercer la libertad de expresión, en cumplimiento de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
  • En marzo, a tres años de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, a manos de policías municipales, el Gobierno federal y el estatal de esa Entidad, se disculparon con los familiares de los desaparecidos.
  • En ese mismo mes, Sánchez Cordero se disculpó con los familiares de dos estudiantes del Tec de Monterrey, asesinados el 19 de marzo de 2010, por soldados en el interior del plantel.