El presidente Andrés Manuel López Obrador está convencido que durante el sexenio en el que gobernó Felipe Calderón el Estado mexiano estuvo en manos de delincuentes y no niega que en el caso de corrupción internacional de Odebrecht está implicado Enrique Peña Nieto, pero está convencido de que los ciudadanos deben decidir si juzgar o no a los ex presidentes. 

Las declaraciones de López Obrador en torno a posibles investigaciones respecto a la gestión de los expresidentes son siempre las mismas pero no por ello dejan de ser contradictorias. 

Por ejemplo, ayer durante su conferencia matutina, el ejecutivo federal reiteró que su postura es que para enjuiciar a los expresidentes es necesario el aval de los ciudadanos a través de una consulta popular. 

“Que sean los ciudadanos los que decidan. Esto lo dije cuando tomé posesión. Si se reúnen firmas y la mayoría se consigue el número de firmas que establece la Constitución para llevar a cabo una consulta, se celebra la consulta y es lo que decida el pueblo. Yo soy de la idea de que sólo así se pueda juzgar a los expresidentes”. 

Sin embargo, el mandatario también reconoce que será un asunto meramente judicial si las investigaciones que corren a cargo de la Fiscalía General de la República en torno a Odebrecht apuntan a Peña Nieto, o si los cargos que pesan sobre Genaro García Luna por la justicia estadounidense desembocan en investigaciones a Calderón. 

“Eso ya no me va a corresponder a mí, si en el caso de García Luna o en el caso de Lozoya están implicados los expresidentes, eso sería un asunto de carácter estrictamente judicial.

Políticamente, yo considero que, aun conociendo todo, que no es poca cosa, porque la justicia no sólo es encarcelar a la gente o al que comete un delito, la justicia también es prevenir, la justicia es que no se solape, que no se tolere, que no se establezca el hábito de la corrupción, el poder, repito, estigmatizar la corrupción”. 

Las declaraciones del presidente mexicano ponen en riesgo que las investigaciones de tramas de corrupción que se llevan a cabo en el país, se politicen. 

“Como abogada de la nación y no del gobierno, la FGR debe concentrarse en investigar a la red de corrupción completa y no a quien decida o no la opinión pública. Responder a los deseos, opiniones y anhelos de la opinión pública pone en riesgo los derechos humanos y el debido proceso”, señala Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. 

Este organismo ha insistido en que los procesos judiciales de tramas de corrupción serán exitosos, únicamente si se identifica a la red de corrupción que apoyó a estos personajes y se recuperan los activos que presuntamente desviaron.

“Si las investigaciones del ministerio público, es decir, de la Fiscalía General de la República conducen a gobernadores, exsecretarios de Estado o incluso expresidentes, deberá investigarse su posible responsabilidad. Lo mismo con cualquier empresa, contador o notario que hubiera participado. Pero eso no le toca determinarlo a la opinión pública o al presidente, sino al ministerio público y eventualmente, a un juez”, apunta.