A seis años de la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, funcionarios de la administración actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, afirmaron que la “verdad histórica” que se presentó en el gobierno de Enrique Peña Nieto “se ha colapsado” de manera total.

Tanto el gobierno federal, la Fiscalía General de la República y expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientesdel (GEI) coincidieron al señalar que varias instancias de la administración de Enrique Peña Nieto, encubrieron, mintieron, torturaron, manipularon evidencias y ocultaron la verdad con impunidad.

En un acto en Palacio Nacional al cual acudieron familiares de los estudiantes, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y encargado de la Comisión de la Verdad, señaló que la “verdad histórica” carece de respaldo y demuestra que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos. Detalló que se han realizado 30 acciones de búsquedaincluídas búsquedas de vida, aún sin resultados.

El funcionario indicó que la investigación se encuentra en etapa más compleja, el de la judicialización y de la ruptura del pacto de silencio e impunidad, y están trabajando para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes.

“No generaremos falsas expectativas ni queremos construir otra verdad histórica, sino encontrar la verdad por dolorosa que ésta sea. No nos vamos a cansar”, afirmó Encinas.

Encubrimiento generalizado

El fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que el gobierno de la se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado al mentir falsas diligencias y construir una trama que carece de realidad.

De acuerdo con los avances de la investigación, los jóvenes desaparecidos fueron las víctimas que quedaron en medio de un “choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico”.

Getz señaló que se trata de los grupos criminales que han estado asentados en la ciudad de Iguala, que es un “centro neurálgico de distribución de la droga que se produce en la Sierra de Guerrero, y que es vital para quienes comercian con ella en la zona metropolitana del Valle de México, así como para los que trasiegan esos narcóticos hacia los Estados Unidos”.

La presencia de los estudiantes fue un coincidente letal, en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal y en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar”, aseveró el fiscal general, a través de una video llamada.

Explicó que a la par de la desaparición de los estudiantes, cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por distintos grupos delictivos, de acuerdo con acusaciones, hechos a lo que no se les dio seguimiento.

“Las autoridades locales y federales tuvieron conocimiento, a través del sistema de comunicación “C4”, que debió registrar lo que estaba sucediendo; lo cual permitía identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido.

“También pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas, a los centros de justicia y a otros lugares, donde comenzó la tortura; para que, después, estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial”, explicó Gertz.

En las investigaciones realizadas, dijo, se ha podido comprobar que las cámaras dejaron de funcionar parcialmente y los radios se apagaron en diversos momentos, lo cual implica responsabilidades que, aseguró, no van a quedar impunes.

El robo de Tomás Zerón

El fiscal general señaló que que Tomás Zerón se convirtió en el orquestador del “engaño mediático” del caso Ayotzinapa y aseguró que no lo hizo “gratis” sino que sustrajo más de 1,000 millones de pesos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“Él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República, que sustrajo con varios cómplices, de manera fraudulenta, dentro de la Institución, y con la anuencia de sus superiores, como pago por sus infamias”, expresó Gertz, quien aseguró que la PGR puso a su disposición cerca de 50 agentes policiacos, y todo el aparato administrativo, para cuidarlo y facilitarle su saqueo.

Omar Gómez Trejo, Omar Gómez Trejo, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, respaldó que la “verdad histórica” se construyó y existen indicios de simulación y de ocultamiento de información, en la investigación de la administración pasada.

Expresó que se han emitido 70 órdenes de aprehensión, entre policías, miembros del Ejército y de organizaciones criminales, así como diversos funcionarios, como la del extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Tomás Zerón, quien se encuentra prófugo y de quién el presidente ha dicho que tienen indicios se encuentra en Israel .

Padres ven lentos avances

María Martínez Ceferino, madre del normalista Miguel Ángel Hernández Martínez, pidió al presidente que “sigan caminando juntos”, pero que “aprieten algo más”, debido a que a seis años aún no tienen nada y que seguirán exigiendo justicia por sus seres queridos.

“Póngase un día en nuestro lugar, no se le desea a nadie. Esto es lo que duele más”, dijo en representación de los padres de los 43 jóvenes, al insistir que no están exigiendo nada material y que es su derecho y que no es “posible que los delincuentes sean más poderosos” que el Ejecutivo.

“¿Cuándo le van a llegar a los militares?, cada día que pasa nos desespera, salimos y regresamos a casa con las manos vacías, tenemos esperanza en usted”, cuestionó.

“Si no les gusta vernos en las calles, entréguenos lo que queremos, tenemos que tener esperanza para seguir viviendo”.

Madre de Ayotzinapa
María Martínez, madre del normalista desaparecido Miguel Ángel Hernández, pidió al presidente López Obrador “apretar” el paso en las investigaciones e investigar a militares de una vez por todas. “A seis años no tenemos nada”, dijo. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el compromiso de esclarecer los hechos para que se conozca “la auténtica verdad” y que se sepa el paradero de los jóvenes y que al mismo tiempo que se castigue a los responsables.

“No por la prisa o por presiones vamos a fabricar otra falsedad, otra llamada ‘verdad histórica’, tenemos que tener consenso, todos estar de acuerdo que así fueron los hechos (…) que quede claro que no vamos a ocultar nada y no queremos simular para cuestiones de propaganda política. No nos importa eso, queremos estar bien, principalmente con nuestra conciencia”.