La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con la cual se prohíben los cobros indebidos, las comisiones ocultas y la emisión no solicitada de tarjetas bancarias. La medida busca fortalecer los derechos de 40 millones de usuarios del sistema financiero y evitar prácticas abusivas que afectan su economía.
Con esta modificación, las instituciones financieras ya no podrán emitir tarjetas de crédito o débito sin consentimiento expreso, ni cobrar anualidades, comisiones o cargos por productos que no hayan sido solicitados o aceptados formalmente por el cliente. La reforma también establece que toda información sobre costos y condiciones deberá ser clara, veraz y accesible, en cumplimiento con los principios de transparencia y buena fe.
“Muchas instituciones envían tarjetas sin haber sido solicitadas y luego cobran anualidades o intereses por no pagarlas, afectando incluso el historial crediticio de los usuarios”, explicó el diputado Ricardo Monreal en tribuna.
La reforma también beneficia a los consumidores al garantizarles el derecho a cancelar tarjetas sin penalización ni costos ocultos. Los bancos deberán ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales -incluyendo aplicaciones móviles y banca en línea- que permitan el bloqueo inmediato del plástico y la cancelación definitiva en un máximo de tres días hábiles.
Además, cualquier intento de cobrar por el trámite, imponer comisiones o afectar el historial crediticio del usuario estará prohibido expresamente. Las instituciones deberán entregar comprobantes físicos o digitales de la cancelación y reembolsar cualquier cobro indebido en un plazo máximo de cinco días hábiles.
“Si un consumidor decide cancelar su tarjeta, el banco deberá hacerlo sin retrasos, sin cobros y sin obstáculos. El proceso será gratuito, rápido y verificable”, subraya el dictamen aprobado.
La vigilancia del cumplimiento recaerá en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para las entidades bancarias, y en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el caso de emisores comerciales. Ambas instituciones podrán aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
Según datos de la Condusef, el año pasado se recibieron más de 251 mil reclamaciones relacionadas con tarjetas y créditos personales en el país. Las principales quejas provinieron de cargos no reconocidos, comisiones indebidas y dificultades para cancelar servicios. De ese total, siete mil 594 casos correspondieron a cancelaciones no atendidas o ignoradas, lo que convirtió a este problema en la séptima causa más frecuente de reclamación en el país.
Con esta reforma, se pretende equilibrar la relación entre bancos y consumidores, otorgando herramientas efectivas para defender sus derechos y prevenir abusos que afectan directamente los bolsillos de las familias mexicanas.
El dictamen aprobado fue turnado al Senado de la República para continuar su proceso legislativo y, de ser ratificado, entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
“Esta reforma protege la economía familiar y devuelve la confianza en los servicios financieros. Ningún usuario deberá pagar por algo que nunca pidió”, concluyó Monreal.
Para quejas por abusos contra instituciones financieras, comunicarse al Teléfono del Consumidor de la Profeco: 55-5568-8722 y 800-468-8722. Y a la Condusef: 55-5340-0999.
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