MORELIA, Mich., 6 de marzo de 2026.- Las madres buscadoras, además de sufrir y luchar día a día por encontrar a sus hijos, padres, hermanos, esposos, también son agredidas física y psicológicamente en México y Centroamérica. De acuerdo con Amnistía Internacional, el 97 por ciento de las madres buscadoras han sido violentadas con amenazas, extorsión, acoso, tentativa de secuestro y en casos extremos, asesinato o desaparición, esto con base a entrevistas realizadas a mujeres buscadoras en 30 estados del país.
La organización internacional presentó el Informe Desaparecer Otra vez en el que informa las violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México. Documentó 661 testimonios de madres buscadoras de 134 colectivos de los 234 colectivos reportados en el país; las entrevistas fueron recabadas entre marzo y diciembre de 2024.
Según los datos, México enfrenta una crisis de derechos humanos sin precedentes con 128 mil personas que han sido reportadas como desaparecidas desde 1952, en tanto la labor de las autoridades mexicanas no ha garantizado la protección de las personas, especialmente de reconocer a las mujeres que buscan a alguno de sus seres queridos desaparecidos.
Estas madres, mujeres, hermanas, hijas y esposas, salen a rastrear fosas, recorren territorios controlados por el crimen organizado, enfrentando amenazas, ataques y estigmatización. Lo hacen sin garantías mínimas de seguridad, muchas veces sin apoyo legal ni psicológico. Mientras tanto, las autoridades ignoran sus necesidades, incumplen la ley y, en algunos casos, las revictimizan o criminalizan.” Donde destaca que dentro de las mujeres buscadoras entrevistadas, 18 fueron de Michoacán y el 50 por ciento han sido amenazadas verbal o por escrito, además de ser revictimizadas por las autoridades.
El 39 por ciento han sido atacadas en las redes sociales, el 28 por ciento sufrió acoso de parte de las autoridades, el 22 por ciento sufrió robo, asalto y hasta secuestro y un 11 por ciento sufrió lesiones físicas. Con Desaparecer otra vez, buscan llamar la atención de ese honorable Comité, primero, sobre la situación de derechos económicos, sociales y culturales que viven las mujeres buscadoras de personas desaparecidas; segundo, sobre las respuestas institucionales ante tal situación y emite algunas recomendaciones. “Como consecuencia, las mujeres buscadoras han vivido distintas violencias que van desde las amenazas, ataques (físicos y en medios digitales) y extorsiones, hasta la desaparición y el asesinato.
De diciembre de 2011 a la fecha del envío del presente informe, al menos 31 personas buscadoras (de las cuales 19 eran mujeres) fueron asesinadas. Las violencias que han vivido las mujeres buscadoras han tenido impactos serios en sus vidas, y por lo tanto en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, ya que, por ejemplo, ante las amenazas y ataques que ponen en riesgos su integridad personal, muchas se han visto en la necesidad de cambiar de casa, mudarse a otro estado de la República, alejarse de sus familias y amistades.
Asimismo, han perdido sus empleos, invertido dinero en las búsquedas y, han tenido afectaciones importantes en salud tanto física como mental”. Conclusión de Amnistía Internacional Amnistía Internacional concluye que ante las omisiones del Estado para buscar a las personas desaparecidas y para proteger a las mujeres de los riesgos que experimentan por su labor, dichas mujeres se han viso en la necesidad de organizarse y emprender las búsquedas de personas desaparecidas con sus propios recursos.
Además, han resuelto, en muchos de los casos por cuenta propia, los impactos en sus derechos, particularmente económicos y sociales. Paralelo a esta situación, la organización observa con preocupación que frente al cada vez mayor número de personas víctimas que requieren de medidas de ayuda, atención y reparación, las comisiones ejecutivas de atención a víctimas adolecen de los recursos suficientes para brindar dichas medidas, por lo que requieren de ser fortalecidas.
En el informe presentado por Amnistía Internacional recomienda al Estado mexicano lo siguiente:
1. Facilitar el registro como víctimas de familiares y/u otras personas a cargo de la persona desaparecida o dependientes de ella, que tengan una relación inmediata con ella. Adicionalmente, tomar medidas para eliminar las barreras discriminatorias estructurales para el acceso de derechos de personas que viven en zonas rurales, comunidades indígenas o que viven en otros países.
2. Interpretar la LGV a través del principio pro persona, asegurando que no se niegue el acceso a derechos, como a la salud y a la asistencia jurídica, por la dificultad o imposibilidad de probar el nexo causal entre el hecho victimizante y la afectación.
3. Adoptar medidas para garantizar la continuidad en el acceso a recursos para el mantenimiento de condiciones de vida digna de las buscadoras. Garantizar el apoyo económico y el nivel más alto de salud física y mental. Desarrollar un plan específico sobre acceso a la salud para víctimas de desaparición en coordinación con ellas, organizaciones de sociedad civil y colectivos.
4. Proveer reparaciones integrales a víctimas de desapariciones y a personas que sufren violaciones a derechos humanos mientras buscan.
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