El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla propuso formalmente al Congreso que se le imponga hasta 10 años de prisión al sujeto que incurra en bloqueo de carreteras o que impida el libre tránsito de mercancías o de ciudadanos con el fin de favorecer la acción de grupos criminales y la comisión de delitos penales en Michoacán.
En iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, también el mandatario planteó incrementar a 15 años de prisión la pena mayor contra el delito de lavado de dinero, lo que técnicamente se conoce como “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, con agravantes cuando el delincuente sea funcionario público.
Ramírez Bedolla se pronunció por imponerles hasta 6 años de prisión a los delincuentes que falsifiquen uniformes, gafetes, insignias, placas o vehículos oficiales para usurpar funciones de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía del Estado, la Coordinación Penitenciaria o las Policías del estado.
En la exposición de motivos, el titular del Ejecutivo michoacano insistió en el proyecto de creación de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, bajo el modelo único estatal que proponga la Fiscalía General de la República, con el fin de combatir el lavado de dinero, la defraudación fiscal y las finanzas de la delincuencia organizada, localizando y bloqueando activos.
Hasta 5 años de prisión darían a los “halcones” de la delincuencia, con 50 por ciento de pena adicional, si son expolicías, si utilizan a menores de edad o si usan equipos oficiales de radiocomunicación.
