El Rancho Izaguirre del CJNG fue descubierto como el mayor centro de reclutamiento en México, operando con protección institucional y violencia sistemática.
Jalisco.-El 5 de marzo de 2025, el descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, reveló el mayor centro de reclutamiento y entrenamiento delictivo atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México.
Colectivos de búsqueda destaparon una red criminal que operó durante años con protección de autoridades, utilizando un esquema de reclutamiento en redes sociales disfrazado de falsas ofertas de empleo.
El Rancho Izaguirre, ubicado en un terreno de más de 10 mil metros cuadrados en el ejido La Estanzuela, se convirtió en uno de los hallazgos más significativos relacionados con el reclutamiento forzado en el país.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al predio el 5 de marzo de 2025 tras recibir una denuncia anónima. Allí encontraron cientos de prendas, zapatos, mochilas, presuntos restos humanos calcinados y estructuras de entrenamiento.
La Guardia Nacional ya había intervenido en septiembre de 2024, cuando otro colectivo localizó el lugar. En ese entonces, diez personas fueron detenidas y se liberaron dos víctimas, pero no se encontraron los restos humanos y las prendas que meses después se hallarían.
El inventario oficial superó las mil ochocientas prendas y objetos personales, incluyendo ropa de mujer, infantil y más de cien pares de zapatos.
La investigación inicial fue conducida por la fiscalía estatal de Jalisco, pero debido a la presión social y la magnitud de los hallazgos, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció medidas como la creación de una base única de información forense y la publicación mensual de cifras oficiales de desaparecidos.
La estructura criminal y la protección institucional
Las investigaciones federales revelaron que el Rancho Izaguirre funcionaba gracias a una red de complicidad institucional liderada por el entonces alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago.
Según la FGR, Murguía no solo estaba al tanto de lo que ocurría en el predio, sino que utilizó recursos públicos —patrullas, armas y policías municipales— para proteger el sitio, evitar fugas y garantizar la impunidad de las operaciones criminales.
Se le acusa también de tener injerencia en los procesos de selección: decidía quiénes ‘pasaban’ o no las pruebas de reclutamiento. Aquellos que no superaban los filtros eran asesinados, mientras que los aceptados eran enviados a otras regiones, como Zacatecas o Aguascalientes, donde operan células armadas del cártel.
El objetivo era atraer a jóvenes de varios estados con promesas de altos salarios como guardias de seguridad, para luego trasladarlos de manera controlada al rancho, donde quedaban incomunicados y sujetos a violencia sistemática.
Al interior del centro
La disciplina prohibía las relaciones sentimentales y cualquier muestra de debilidad podía ser castigada físicamente. El entrenamiento incluía manejo de armas, prácticas de limpieza, cocina y vigilancia.
El control se extendía a la economía interna: productos básicos como galletas o cigarrillos se vendían a sobreprecio, y cualquier infracción o desacato se descontaba del pago semanal prometido.
Los castigos iban desde sesiones forzadas de ejercicio hasta golpizas grupales, privación de alimento o baño y, en casos extremos, exposición a ataques de perros.
Parte de la pedagogía del miedo incluía rituales violentos, como la “doble 08”, donde los recién llegados debían soportar golpes de otros reclutas, y la frecuente participación en la limpieza tras ejecuciones o descuartizamientos. Néctar narró que incluso fueron obligados a consumir carne de origen incierto, en al menos dos ocasiones carne humana, como mecanismo de castigo y control.
El aislamiento era absoluto. Los internos podían pasar semanas o meses sin contacto exterior ni acceso a información. Quienes intentaban escapar eran castigados o ejecutados. La vigilancia psicológica y la amenaza constante marcaban la rutina diaria. Tras varios meses, algunos considerados aptos eran enviados a casas de seguridad en otros estados; otros, simplemente desaparecían.
Todo ello, narrado aparentemente por sobrevivientes del Rancho Izaguirre, entrevistados en distintos espacios, en su mayoría para canales de YouTube, tanto previamente como después del hallazgo del centro de adiestramiento.
Acciones de la autoridad
Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, la FGR y la SSPC informaron la detención de más de una decena de personas vinculadas a la operación del centro de reclutamiento.
Entre los procesados principales destacan José Gregorio “El Lastra” Armida, señalado como jefe de adiestramiento y reclutamiento, y Alma Rosa “La Leona” Rivera Martínez, identificada como pieza clave en la captación de víctimas.
Junto a ellos, la justicia estatal procesó a otros implicados, entre ellos el exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada, así como exfuncionarios y colaboradores del cártel como José Antonio “N”, Rubén “N”, Gabriel “J”, y Abril “N”, quienes enfrentan cargos por desaparición cometida por particulares agravada, homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo.
En julio de 2025, el Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado de Jalisco condenó a diez de estos hombres a 131 años de prisión por desaparición y homicidio, además de imponerles una multa de 651 mil pesos a cada uno. La defensa apeló el fallo y, en febrero de 2026, la Segunda Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia resolvió modificar la sentencia, reduciéndola en aproximadamente 10 años, pero manteniendo la culpabilidad. El resto de los detenidos continúa en proceso judicial o bajo investigación.
Además, la FGR mantiene abiertas órdenes de aprehensión contra otros exfuncionarios municipales, operadores logísticos y posibles cómplices dentro de la estructura criminal que hasta el momento no han sido desglosados.
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