Juan Carlos G. Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 16 de julio de 2026, p. 27
Guadalajara, Jal., El gobierno de Jalisco ubicó de manera preliminar en 42 mil 101 millones de pesos, no en 20 mil millones como mencionó hace unos días, los recursos necesarios para terminar con la crisis del líquido contaminado que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) reparte en la zona metropolitana de Guadalajara, según se desprende de los anexos que acompañan al plan hídrico enviado para su estudio al Congreso local.
El documento de 356 páginas detalla que, al excluir inversiones ya aplicadas por 831 millones de pesos, el requerimiento pendiente es de 41 mil 270 millones de pesos y al restar los fondos ya asignados, por 5 mil 698 millones de pesos, los recursos a gestionar quedan en 35 mil 572 millones de pesos, para cumplir con los 32 puntos del proyecto, que incluyen la ampliación de la planta potabilizadora número uno, con sede en Miravalle, que requiere de 6 mil 563 millones de pesos.
Ante este panorama diputados de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Futuro y Hagamos propusieron en conferencia de prensa que la administración estatal destine de manera gradual al menos 5 mil millones de pesos anuales para restructurar al Siapa, además de una reingeniería que otorgue transparencia y evite la privatización del organismo.
Miguel de la Rosa, coordinador de la bancada de Morena, rechazó los señalamientos del gobernador Pablo Lemus sobre una supuesta falta de apoyos federales.
Informó que entre 2025 y 2026 la administración federal destinó 609 millones de pesos para tres nuevas plantas de tratamiento en la cuenca del río Santiago, la rehabilitación de otras tres y sistemas de monitoreo en el río Zula, así como las poblaciones Poncitlán y La Calera –ubicadas en la ribera del Lago de Chapala–, adicionales a los más de 8 mil millones de pesos invertidos el sexenio anterior para concluir la presa El Zapotillo.
Tonantzin Cárdenas Méndez, de Futuro, calificó la situación del agua sucia como una crisis que empezó hace al menos seis años, con más de 9 mil reportes en 475 colonias desde 2020.
Su compañera de bancada, Mariana Casillas, afirmó que el documento técnico estatal no es un plan para mitigar el agua contaminada ni para potabilizar, y propuso una reingeniería del Siapa, lo mismo un observatorio mixto con la sociedad civil para vigilar las obras, y lamentó que las reformas a la Ley Orgánica del organismo sigan atoradas en el Congreso de Jalisco.
De su lado, Leonardo Almaguer Castañeda, del PT, rechazó el modelo estatal que abre la puerta a empresas privadas bajo el esquema CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación).
Recordó que concesiones similares otorgadas en Quintana Roo, Puebla, Saltillo, Veracruz y Aguascalientes no eliminaron la necesidad de recursos públicos, y generaron tarifas elevadas o deficiencias en el servicio.
Tonatiuh Bravo Padilla, de Hagamos, alertó que la cartera vencida del Siapa creció desde 2018 y supera 18 mil millones de pesos. Señaló a Guadalajara y Zapopan como los mayores deudores, por lo que propuso mejorar la cobranza, evitar contrataciones fraudulentas y rechazar la “privatización silenciosa” de los servicios.
A la par de las posturas de los legisladores, ciudadanos de colonias que se han movilizado en la semana reciente, como parte de una campaña para exigir agua limpia, protestaron ayer ante la Vicefiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia contra el Siapa. También anunciaron que realizarán una megamarcha y tramitarán un amparo colectivo para exigir abasto de agua limpia.
