Campaña política por encima de los riesgos de vacunar a profesores en México

El viernes 9 y sábado 10 de abril se anunció la intención de vacunar a todos los profesores de México, así como al personal que labora en las escuelas con la finalidad de reanudar las clases presenciales antes de que finalice el actual ciclo escolar. 

En lo que se refiere a la Ciudad de México, se fijó el 25 de abril como posible fecha de inicio de vacunación a profesoras y profesores y personal ajeno a la docencia de todos los niveles educativos. 

La estrategia de vacunar a docentes no es un plan del Estado mexicano para mejorar el problema educativo del país, debido a que éste se encuentra más enfocado en generar la falsa ilusión de que la normalidad previa a la pandemia está cerca y con ello, un respiro económico para ciertas familias. 

Si el objetivo del Estado mexicano es revertir los problemas en materia educativa derivados de la pandemia, el plan no pasa por vacunar a los profesores y apresurar el regreso a clases de manera presencial, ya que, en su lugar, sería más adecuado el generar una estrategia de acompañamiento psicológico que facilite una gradual convivencia presencial y superar las pérdidas que se han dado por la pandemia. 

La dificultad del aprendizaje en casa es multifactorial y no puede ser explicada únicamente por la ausencia de un docente y un aula escolar; es necesario entender y analizar el impacto de elementos como el duelo familiar, la pérdida de ingresos y la incertidumbre sobre el corto y mediano plazo en el desempeño educativo. 

Las escuelas estarán abiertas y los profesores vacunados, pero los elementos arriba mencionados seguirán, lo cual no ayuda al óptimo desempeño de los estudiantes mexicanos. Dejando de lado el tema educativo, para el Gobierno Federal, la vuelta a la normalidad es primordial antes de las elecciones intermedias del mes de junio y no la excelencia educativa, ya que escuelas abiertas es igual a reactivación económica a nivel muy local, debido al comercio informal alrededor de ellas.

Ante la incapacidad del Estado mexicano para brindar ayudas económicas a todas las familias de ingresos medios y bajos, una solución es el regreso a clases presenciales a pesar del riesgo sanitario derivado de los traslados que los trabajadores informales hacen a lo largo de sus ciudades para acudir a los centros escolares, lo cual significa que, ante un brote de contagios, el virus se contagiará a personas más allá de la escuela afectada.

Otro factor de riesgo es el relacionado con los padres de familia y la convivencia con los hijos después de clases. De acuerdo al documento “Características de los nacimientos registrados en México” publicado por INEGI, de todas las madres y padres primerizos, la cuarta parte está en el rango de edad de 25 a 29 años, lo cual implica que en la actualidad, madres y padres menores de 50 años tienen hijos e hijas en el nivel básico de educación, lo cual es un riesgo de contagio, ya que ellos siguen estando lejos de una fecha próxima en el plan de vacunación nacional. 

En lo que se refiere al hacinamiento en México, de 34 millones de hogares que hay en el país, el 10% de ellos se encuentra en esa condición (3.4 millones de hogares) de acuerdo a la “Encuesta Nacional de los Hogares” del INEGI, lo cual eleva el riesgo de contagios masivos en caso de existir población estudiantil en esos hogares.

Comercio informal, padres jóvenes y hacinamiento es algo que combinado con escuelas abiertas y un número reducido de pruebas para detectar Covid puede llevar a un crecimiento descontrolado de los contagios a mitad de año.

Lo escrito hasta este punto está pensado en la dinámica de escuelas de nivel básico en México, pero si el análisis se hace para educación terciaria (bachillerato y equivalente) y educación superior (licenciatura y equivalentes y posgrados), el escenario se complica aún más. 

En el caso de educación superior, el factor comercio informal se repite, sumado a que la población necesaria para mantener abierta una universidad es mucho más grande que la que requiere una primaria o secundaria, lo cual implica destinar una enorme cantidad de vacunas a esas personas, las cuales pudieron ser utilizadas en empleados de mercados, supermercados, choferes, manufacturas y personal médico sin importar si está o no en la primera línea contra el Covid.  

Sumado a la gran cantidad de personal de mantenimiento de una universidad, está la dinámica del nivel posgrado, el cual cuenta con una población estudiantil que ronda los 36 años (dato proporcionado por la UNAM) y que tampoco será vacunada en el corto plazo, generando un riesgo de contagio al volver a clases presenciales. 

Otro factor a destacar es la dinámica que tienen las escuelas de todos los niveles educativos en la periferia de las grandes ciudades del país, las cuales reciben estudiantes no sólo de la entidad en la que se encuentran, sino también de los estados vecinos. 

Es común observar estudiantes del Estado de México asistir a centros educativos de la alcaldía Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa, lo cual implica un esfuerzo de movilidad en un sistema de transporte público deficiente en un momento en el cual los estudiantes no estarán vacunados, convirtiéndolos en fuente de contagio.

A pesar de las desventajas que significa abrir escuelas de manera abrupta y sin un plan integral, el Gobierno Federal sabe que esa es una buena estrategia de campaña política, ya que se genera una sensación de vuelta a la normalidad en el corto plazo, lo cual puede incidir de manera positiva para el partido del Presidente en la elección del mes de junio, ya que no hay muchas más explicaciones que justifiquen un regreso a clases con nula planeación. 

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