El cambio climático pone contra las cuerdas la apuesta energética de México

En un video publicado el fin de semana pasado, el cambio climático y el cuidado al medio ambiente se asomaron por primera vez en la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la política energética.

El mandatario aseguró, desde Palenque, Chiapas, que como parte de los esfuerzos para no elevar la temperatura mundial, México bajará la cantidad de crudo a extraer y propondrá eliminar en el país el uso de combustóleo, uno de los combustibles con los más altos niveles contaminantes y que ahora se utiliza para generar energía eléctrica en centrales de la estatal CFE.

Esta es la primera vez que el presidente relaciona la política energética, que hasta ahora ha sido guiada hacia el fortalecimiento de las empresas estatales Pemex y CFE –que basan su negocio en los hidrocarburos–, con el cuidado al medio ambiente. El cambio climático no se había incluido como parte de sus múltiples discursos y en las modificaciones regulatorias que ha instruido para derribar muchos de los principios de la reforma energética.

Hasta ahora, las medidas para mitigar el daño al ambiente se basaban en el programa Sembrando Vida, que busca incrementar la productividad de zonas rurales, bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional. Recientemente, el presidente mexicano habló de sumar al gobierno estadounidense en este esfuerzo, para frenar la ola de migración desde Centroamérica.

El mensaje del presidente ocurre previo a la Cumbre Virtual de Líderes sobre el Clima, convocada para los próximos 22 y 23 de abril por el presidente estadounidense Joe Biden, que ha puesto la lucha contra el cambio climático como uno de los temas principales dentro de su agenda. Analistas del sector ya habían previsto un cambio en el discurso presidencial de López Obrador como parte de la llegada del demócrata a la Casa Blanca.

“Es un guiño de ojo. (López Obrador) ya entendió que el tema es importante y que no va a escaparse de que todo el paquete de energía de México esté bajo el ojo de Estados Unidos y el resto de la comunidad mundial”, dice Adrián Fernández, director de la Iniciativa Climática de México.

Pero la declaración, que ha sido bien recibida por la comunidad de organizaciones en pro del ambiente, sólo incluye un nuevo supuesto: la eliminación del uso de combustóleo, un subproducto del proceso de refinación que Pemex produce casi al mismo nivel de las gasolinas y con el que podría enfrentar problemas para su comercialización si la también estatal CFE no lo usa más en sus procesos de generación de electricidad.

El mensaje también se da en medio del incumplimiento de una de las principales metas presidenciales: aumentar la producción de crudo a niveles no vistos desde hace una década, como el eje rector para llevar a Pemex a un buen estado financiero.

El presidente afirmó que el país no rebasará la extracción de 2 millones de barriles diarios de crudo como parte de una búsqueda por preservar el hidrocarburo para nuevas generaciones. La nueva cifra, que ya había mencionada en un evento en Tabasco, resulta un fuerte retroceso de la meta inicial que buscaba llevar la producción de la petrolera estatal hasta casi 2.7 millones de barriles al día. Pemex ha reducido paulatinamente su meta en medio de recurrentes impedimentos para cumplir con su estrategia, como el bajo presupuesto federal o la pandemia de coronavirus que ha frenado el consumo de todos los hidrocarburos.

Hasta ahora, la petrolera no ha podido cumplir con ninguna de las metas fijadas por la administración federal relacionadas con la extracción de crudo. Consultoras nacionales e internacionales ya tenían previsto que la estatal no alcanzara el nivel de 2.7 millones de barriles diarios, la mayoría de estas sitúa la producción de Pemex en 2024 en niveles similares a los que reporta actualmente, cercanos a los 1.7 millones de barriles.

La declaración ha sido bien recibida por la comunidad de organizaciones ambientalistas, pero algunas de éstas dudan que el anuncio de no elevar los niveles de producción a máximos esté del todo relacionada con el objetivo de buscar una baja en los niveles de dióxido de carbono emitidos por esta industria.

Y además, dicen, la hoja de ruta aún es inexistente.

“Esto no había sido reconocido desde parte del gobierno mexicano y ahora dicho desde el presidente es bienvenido. Es urgente que se hiciera esta declaración, pero este nuevo mensaje obliga a que haya una reconfiguración”, dice Aleira Lara, coordinadora de campañas de Greenpeace México, una de las organizaciones que se ha vuelto pieza clave en los amparos para frenar las últimas medidas gubernamentales, como la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que buscan aumentar el uso de combustibles fósiles.

“Fijar un punto máximo de producción (de crudo) es bueno, pero tiene que ir acompañado también del consumo, necesitamos hacer un plan para la reducción para poder ‘descarbonizar’ el sector en el país”, dice la vocera de Greenpeace.

Hasta ahora, el objetivo presidencial por aumentar la participación de CFE y Pemex en el mercado energético se ha enfrentado totalmente con el camino hacia reducir la dependencia económica de los hidrocarburos que han comenzado la mayoría de los países desarrollados y algunos en vías de desarrollo.

Y aunque el discurso del gobierno mexicano sobre la política energética da señales de cambios, las acciones tomadas hasta ahora son totalmente contrarias.

México ya ha admitido en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2020-2034 que el país no cumplirá con su meta de generación de energía limpia a la que se ha comprometido hacia 2024, una de las principales acciones para lograr frenar el aumento en la temperatura mundial.

En 2024, se lee en el documento, el país sólo generará el 32% vía centrales limpias, tres puntos porcentuales por debajo de la meta comprometida.

Además, la administración federal ha defendido la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, en un momento en el que la mayoría de las grandes petroleras han decidido modificar su estrategia para adherir a sus portafolio negocios relacionados con las energías renovables. En su búsqueda por reforzar a la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno mexicano ha modificado las regulaciones para dejar hasta el final de la fila a las centrales eólicas y solares, que son operadas principalmente por compañías privadas.

El plan para incentivar la generación eléctrica de esta administración se ha basado en la rehabilitación de las centrales hidroeléctricas de propiedad estatal, pero cálculos de la Iniciativa Climática de México indican que esta acción sólo podría aportar con la disminución del 10% de la meta a la que se ha comprometido el país para reducir su emisión de gases contaminantes.

“La falta de ambición de México en sus nuevos objetivos de NDC, su retroceso en el apoyo a la energía renovable y su respuesta a la pandemia ha puesto las emisiones del país en un preocupante camino ascendente (… ). La decisión de favorecer la generación de combustibles fósiles sobre la energía renovable coloca a México en un camino que es aún más inconsistente con los pasos que necesita tomar para alcanzar el límite de 1.5°C del Acuerdo de París”, ha dicho la organización internacional Climate Action Tracker, en un reporte de diciembre pasado, cuando el presidente aún no enviaba al legislativo su propuesta de modificación de reforma de la Ley de la Industria Eléctrica.

La organización, que mide las acciones emprendidas por los países para llegar a las metas del Acuerdo de París, ha calificado como “insuficiente” las medidas emprendidas por el gobierno mexicano para combatir el cambio climático.

Las organizaciones ambientalistas se dicen optimistas sobre las últimas declaraciones presidenciales, pero el camino de ruta aún es largo y el objetivo presidencial por fortalecer a las estatales parece difícil de dejar.

El último cambio, y el más agresivo, relacionado con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se encuentra detenido por ahora en tribunales y esto podría abrir un boquete de oportunidad para que el ejecutivo rediseñe la política energética que ha impulsado hasta ahora.

“Si la Suprema Corte declara la reforma como inconstitucional podría convertirse en el momento perfecto para que el presidente logre reformular su política energética”, explica Fernández.

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