Continúan abiertos 300 casos de despojo de inmuebles; se han resuelto 174: Cravioto
▲ Aunque se registran casos de despojo en toda la ciudad, la alcaldía Cuauhtémoc es donde el ilícito es más frecuente. En la imagen, la vieja casona ubicada en República de Argentina 110, en el Centro Histórico.Foto La Jornada
Rocío González Alvarado
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2026, p. 27
El Gobierno de la Ciudad de México mantiene abiertos alrededor de 300 asuntos relacionados con despojos de inmuebles y ha logrado resolver 174 casos mediante aseguramientos, restituciones y acciones preventivas.
De acuerdo con los registros de la Secretaría de Gobierno, son cuatro las modalidades recurrentes: ocupación de inmuebles desatendidos por sus dueños, invasiones durante ausencias temporales de los propietarios, expulsiones violentas y fraudes mediante simulaciones de compraventa y juicios amañados.
En entrevista con este diario, César Cravioto, titular de la dependencia, afirmó que hay casos en los que las personas descubren que perdieron un juicio del que nunca fueron notificadas.
También reconoció que en algunos expedientes se han detectado posibles actos de corrupción y colusión de servidores públicos, abogados y personas con acceso a información oficial. “Hemos encontrado fenómenos donde intervienen distintas personas que deberían estar resguardando información y que la utilizan para ayudar a cometer estos delitos”, detalló.
Indicó que las alcaldías con mayor incidencia son Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, aunque aclaró que existen casos en toda la capital. Los despojos abarcan desde departamentos y viviendas hasta terrenos baldíos y edificios abandonados.Precisó que el gabinete especializado en despojos creado en junio del año pasado ha brindado más de 6 mil atenciones ciudadanas, aunque aclaró que no todas corresponden a este ilícito, sino también a conflictos relacionados con herencias, intestados y litigios civiles.
En otros casos, los expedientes corresponden a denuncias iniciadas hace varios años y que en numerosos casos las víctimas enfrentan dificultades para acreditar la propiedad de los inmuebles debido a la falta de documentos o irregularidades legales acumuladas durante décadas, refirió.
Cravioto recordó que el delito de despojo ya se castiga con penas de seis a 11 años de prisión, además de agravantes cuando se comete con violencia, contra adultos mayores, mujeres embarazadas, menores de edad o pueblos indígenas.
La legislación también considera sanciones más severas cuando participen servidores públicos o existan intentos de despojo mediante amenazas o simulaciones contractuales, e incluso se declara nulo todo acto jurídico que encubra estas prácticas, lo que permite revertir con más facilidad estos casos.
Sin precisar un número, aseguró que sí existen personas detenidas por este delito, principalmente en operativos para frenar intentos de invasión o recuperar inmuebles ocupados ilegalmente.
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