Luego de que la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán informara sobre la detección de alrededor de 300 plazas docentes ocupadas por funcionarios públicos que no ejercían labores frente a grupo, también se reveló que algunos de estos llamados “aviadores” llegaban a percibir hasta 30 mil pesos mensuales sin desempeñar el trabajo correspondiente.
De acuerdo con la titular de la dependencia, Gabriela Molina Aguilar, esta irregularidad fue detectada durante el proceso de reordenamiento administrativo realizado entre 2021 y 2023, tuvo como objetivo revisar el manejo de plazas, nóminas y la asignación de recursos dentro del sistema educativo estatal.
La funcionaria explicó que, tras identificar a los servidores públicos que contaban con una plaza docente activa mientras desempeñaban otro cargo en la administración pública, se les solicitó iniciar el procedimiento correspondiente para tramitar una licencia laboral, con el fin de suspender el pago del salario docente mientras no ejercieran funciones en el aula.
Indicó que esta medida permitió regularizar la situación administrativa de quienes mantenían este esquema irregular, ya que muchos de ellos continuaban cobrando como docentes pese a desempeñar actividades en otras dependencias o cargos públicos. Asimismo, Molina Aguilar señaló que quienes recibieron pagos indebidos deberán reintegrar los recursos que percibieron sin brindar el servicio educativo, como parte de las acciones implementadas para transparentar el uso del presupuesto destinado al sector educativo.
La secretaria adelantó que en los próximos días se dará a conocer el monto total de recursos que se dispersaban entre estas 300 plazas, con el objetivo de dimensionar el impacto financiero que esta práctica representaba para la educación en el estado. Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de Michoacán para ordenar el sistema educativo, eliminar irregularidades en la nómina y garantizar que los recursos públicos se destinen realmente a fortalecer la enseñanza y la infraestructura escolar.
“La verdad es que de un año para acá hemos logrado que todos soliciten la licencia respectiva, es un derecho que tienen los trabajadores de la educación, lo único es que hay que seguir el proceso normativo.”
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